Argentina, Propiedad del Trabajo y Creatividad Política.

Mucho se habla de la forma de gestión de la producción en el modo “empresa recuperada”. Desde hace unos años ha cobrado creciente importancia esta forma de llevar adelante empresas que, a términos de mercado, no lograron mantener su cuota y cayeron en quiebras. Una de las experiencias en esta forma de gestión se desarrolla desde principios de la década de 2000 con el caso de la administración del quebrado Hotel Bauen de Buenos Aires por parte de una cooperativa de trabajadores.

El término “empresa recuperada” hace referencia a una línea de pensamiento político-económico que sostiene que, en esencia, toda empresa en el mercado es una forma de robo institucionalizado que se hace a los trabajadores, los cuales -despojando el marco institucional “burgués”-, serían los poseedores originales de eso que hace ser a la empresa tal cosa; el trabajo. De esta manera –se sostiene-, solo el trabajo es la fuente que da valor a la producción, y ese valor se extirpa del trabajador en forma de un sistema de precios de mercado mediante el cual el empresario (el ladrón), depreciando el precio que paga por la fuerza de trabajo (el salario) y apreciando el precio que cobra por vender lo producido por esa fuerza (el producto final), se queda con el valor agregado que correspondería al trabajador. Por lo tanto, desde este particular punto de vista, un acto de estricta justicia pasaría por lograr que los trabajadores se apropien de la empresa para poder apropiarse así del total de la fuente de creación que les pertenece, y es desde este lugar que toma cuerpo el concepto de “empresa recuperada”.

Hay que establecer claramente que en tanto definición, al momento de "recuperar" eso que se ha mencionado, no se está recuperando una empresa sino se la está escindiendo. Lo que se está recuperando (si es que podemos hablar de recuperación) es otro tipo de cosa, pero no una empresa, por lo que el nombre "empresa recuperada" no es más que una simple falacia ab ovo.

También hay que establecer que el concepto “empresa recuperada” tampoco tiene cercanía -en esencia-, a lo que comúnmente se interpretaría sobre la vida o desaparición de una empresa. El concepto de recuperación no remite al proceso mediante el cual una empresa que entró en quiebras, luego de un proceso de mejora continua, logró avanzar y revertir sus deficientes estados contables para pasar a ser autosuficiente y competitiva. Reitero; la definición de recuperación que sostienen quienes llevan adelante este objetivo político remite a la devolución de lo que alguien, por fuerza, habría robado.

Es amplio en nuestro medio el abanico de economistas, pensadores y funcionarios que consideran aquella postura como una posición justa y verdadera. Y desde ese lugar se han abierto puertas legales para justificar la apropiación de empresas con problemas contables por parte de los planteles operativos. Paralelamente, cuando no ha sido posible enmarcar el latrocinio de forma legal, se ha apelado a la necesidad de ciertos derechos con los que han salido en tiempo y forma a avalar la toma de empresas (el robo verdadero).

Es importante indicar que el decretar o certificar la toma de una empresa en problemas por parte de sus trabajadores es, lisa y llanamente, avalar desde las instituciones el asalto a la propiedad garantizada por la Constitución Nacional. Una empresa en quiebra continúa bajo posesión original de su dueño, y la única opción formal institucional que puede tomarse ante esta situación no es otra que la de activar todos los mecanismos que sean necesarios para otorgar plenas garantías a sus originales poseedores para que puedan ajustarse a derecho y ofrecer una salida justa y equitativa a sus acreedores (o la salida más justa y equitativa en el marco de lo posible). Todo lo que quede por fuera de esos marcos no son más que pujas facciosas con mediaciones políticas. En donde siempre pierden aquellos que más alejados del poder político están y menos poder de presión poseen.

Cuando la empresa en quiebra se otorga a sus trabajadores mediante la vía política: ¿quién se encarga de pagar a los dueños originales el dinero por la inversión inicial y el riesgo de producción que aún queda en forma de máquinas y predio? ¿De qué manera la “empresa recuperada” subsiste por la vía de su producción luego del latrocinio?

La primera pregunta tiene una respuesta corta; nadie afronta esos costos. Los dueños originales no tienen derecho a vender su empresa para pagar sus deudas particulares luego del quebranto, empujando también al quebranto potencial a los acreedores más importantes o dejándolos en manos de una negociación directa con los nuevos dueños de sus activos, o sea, los trabajadores protegidos institucionalmente por el Estado. La segunda pregunta también tiene una respuesta corta; el grueso de las empresas recuperadas subsiste gracias a subsidios y transferencias que otorgan diversos programas de Estado. Son prácticamente nulos los casos exitosos en el sentido de la recuperación a términos de mercado de este tipo de empresas; generalmente los acreedores no logran cobrar el total de las deudas y las empresas no logran revertir la dinámica que las llevó al quebranto. ¿Cómo subsisten? Subsisten políticamente empujando al sector político a no quedar expuesto ante una decisión que nadie quiere tomar por ser "políticamente incorrecta", o sea; dejar que la empresa subsista o fenezca dependiendo de su propia productividad y sistema de negocios.

Si una empresa quebró porque continuó con la producción de cable coaxial cuando el mercado estaba profundizando la incorporación de fibra óptica, la empresa recuperada continuará fabricando algo que ya no se utiliza, calzando gran parte de su demanda en el mercado interno en la medida que su presión se complete con el sector político en forma de barreras de entrada a la competencia (protecciones arancelarias), transferencias vía subsidios o generación de leyes de promoción especial para que otras empresas se vean obligadas a comprar producción obsoleta dentro de sus insumos. Y así, es toda la sociedad la que se empuja al freno técnico, gestándose caída de incentivos, de competencia y, lógicamente, de competitividad. Tal el resultado de una anómala forma de captar un proceso y una aún más anómala forma de organizar el sentido de lo político para tomar decisiones.

Esto es parte de un problema de sentido que hoy tenemos en Argentina, y no es un problema menor. Lamentablemente el grueso del arco político argentino observa este procesos tan solo en el nivel de las apariencias. Los empresarios son vistos como los señores malignos que pretenden quedarse con lo generado por los trabajadores. Y así, desde ese lugar, toda intervención pública se construye pensando en la manera de atar lo más posible a ese feroz peligro para dar a cada uno su merecida parte. Gran parte de la ciudadanía también es víctima de esta ensoñación y es anuente con esa anómala forma de ver el mercado, la producción y hasta el sentido de la vida.

Todos gritan que en el mercado hay algo injusto que nos oprime, y esa opresión -creen-, no puede venir de otro lugar que no sea del sector empresario. No se advierte -y no quiere advertirse- que el empresario también es una persona que trabaja (en muchos casos tanto o más que muchos trabajadores). Son muy pocos quienes se atreven a ir a la esencia del proceso y analizar desde donde salen los impulsos creativos que hacen que haya más y más empresas ofreciendo más y más productos y más y más trabajo. La actitud y el empeño para sobrepasar el miedo al riesgo que empuja a una persona a confiar en su intuición movido por su ambición, anhelo y capacidad creadora, no puede hacer otra cosa más que gestar nuevos puestos de trabajo, y esta forma de ver el proceso de creación laboral prácticamente no está presente en la agenda de discusión pública de nuestra sociedad. También hay otros motivos más allá de un triunfo parcial de un obsoleto relato de izquierda, la culpa; no son pocos los empresarios que adquirieron un ADN culposo luego de décadas de ser señalados, y sienten que no es motivo de orgullo ser lo que son. Pero también hay empresarios, claro está, que creen serlo cuando tan solo son proveedores públicos de baja calidad.

El grueso de las "empresas recuperadas" hoy captan sus recursos por la vía del subsidio público, el cual, recordemos, se genera transfiriendo recursos desde la ciudadanía que paga impuestos hacia estas formas de producción lenta, y así, sus planteles van perdiendo la noción de entregarse al cliente y la voracidad por buscar una ganancia y va ganando la certeza de exigir al ciudadano la renta necesaria para mantenerse en pie, so pena de escarnio público.

El límite de todo esto ya lo estamos presenciando con las gestas que está intentando profundizar la izquierda más combativa. Si bien es marginal la influencia neta de este tipo de organizaciones en las variables macroeconómicas, esencialmente hay en ellas una dinámica que es característica de gran parte del funcionamiento de nuestra economía en cuanto a descalces entre productividad, medio de intercambios y satisfacción, y esa perversión se manifiesta en forma de inflación. Bajos niveles de productividad acompañados de altos niveles de transferencia no pueden generar otra cosa mas que la necesidad de inyectar billetes para equiparar la escasez de productos de calidad de consumo para algunos y la escasez de clientes disponibles para otros.

Uno de los puntos que la administración actual deberá definitivamente afrontar con seriedad y entereza, es el de la gestión del sentido político de esto que se ha dado en llamar "empresas recuperadas" y la exigencia de trabajo por obligación del Estado. Del tratamiento que de estos temas se realice se sentarán las bases institucionales que necesita la economía Argentina para garantizar la tan ansiada inyección de inversión local e internacional. No es un tema menor para tratar entre gallos y medianoche, sino uno bien mayor que monta toda una estructura de pensamiento que debemos dejar atrás.

Explotación Intelectual.

Desde que Marx logró establecer el concepto de plusvalía como elemento válido para entender las relaciones económicas, las relaciones económicas dejaron de ser interpretadas como mutualmente beneficiosas para pasar a ser observadas críticamente como relaciones de dominación. Desde ese momento –o más precisamente desde que Lenin a principios del siglo XX vuelve a traer de las cenizas a ese concepto fenecido en el último tercio del siglo XIX- las orientaciones de política, economía y filosofía política comenzaron a cambiar sus premisas radicalmente; fueron dejando de lado la concepción operativa de sus enunciados para dar paso a una especie de orientación voluntarista en sus conclusiones: la búsqueda de objetivos se transformó en una búsqueda de justicia; las teorías de la distribución, de la renta y su apropiación fueron el inicio de un sinfín de elucubraciones que terminaron derramando sobre otras ramas del conocimiento. La filosofía política comenzó a centrarse en las relaciones de poder, la jurisprudencia a cuestionar la legitimidad de su propio edificio legal y la educación abrió las puertas a la deconstrucción de los paradigmas sobre los cuales educaba (aquí la complejidad se hizo creciente puesto que la educación se iba reconfigurando a la vez que ayudaba a reconfigurar sobre la base de las formaciones que impulsaba). La educación comenzó a gestionarse desde su propia culpa, al creerse elemento utilitario con el cual anteriormente los dominantes habían adoctrinado a los dominados; debía dejar de ser eso para pasar a ser el elemento crítico para lo que se llamó “el cambio social”.

Ha pasado un siglo y las consecuencias de aquella interpretación de las relaciones humanas no parecen ser buenas. Si bien los resultados son dispares y hay países y regiones que se desprendieron de ese lastre hace décadas, también están los que continúan intentando abordar las relaciones económicas y políticas desde ese lugar. Escuchamos hablar cotidianamente de “puja distributiva”, se inunda nuestros sentidos con comparativas entre los que más y los que menos tienen que de nada sirven a efectos del cambio posible que supuestamente promueven. Son estilizaciones que parten de un dogmatismo heredado (y que en muchos casos hasta el propio investigador no tiene consciencia de ello) y terminan siendo poco más que bullying pseudocientífico. ¿De qué sirve a efectos de ser un acervo de conocimiento científico saber que hay mil cuarenta familias que poseen más de 30 millones de dólares? Absolutamente de nada, a lo sumo podrá ser una buena información para quien desee cometer un delito, robar. A los efectos prácticos institucionales podrá servir para ir, expropiar con el rigor de la fuerza pública, distribuir aquella abundancia y no haber promovido ningún cambio real sino tan solo una mejoría transitoria, efímera; todos más cómodos mañana y más pobres y desgraciados después, una vez agotado el ingreso extra. Aunque eso no es todo; empobrecidos pero también transformados en cómplices y partícipes necesarios de un grupo de delincuentes que atentó contra la propiedad de otras personas.

El motivo de este breve escrito es mostrar el peligro que aún subyace en nuestra región, somos de aquellos países que aún no logra quitarse este lastre de encima. Si usted observa la imagen que acompaña este escrito, verá que la confusión ha llegado a tal nivel, que hasta en ámbitos universitarios hay personas que creen que el mensaje que ella porta es una especie de iluminación a enseñar, un velo a correr. Si usted siguió hasta aquí la lectura de este breve escrito, podrá captar el peligro que implica absorber esa falacia y creer que en ella hay categoría de verdad. Esa imagen porta el inicio de la ruta hacia la miseria de cualquier sociedad económica posible; sus yunques son la prueba de su obsolescencia.