Mucho se habla de la forma de gestión de la producción en el modo “empresa recuperada”. Desde hace unos años ha cobrado creciente importancia esta forma de llevar adelante empresas que, a términos de mercado, no lograron mantener su cuota y cayeron en quebrantos. Una de las experiencias iniciales en esta forma de gestión fue la que se dio en llamar “FASINPAT” (iniciales que remiten a la definición de “fábrica sin patrones”), correspondiente a la ex Zanón.
El término “empresa recuperada” hace referencia a la línea de pensamiento político económico que sostiene qué, en esencia, toda empresa en el mercado es una forma de robo institucional perpetrado a los trabajadores, los cuales -despojado todo marco institucional “burgués”-, serían los poseedores primigenios de todo aquello con lo que la empresa se nutre. De esta manera –sostiene-, solo el trabajo es la fuente que da valor a la producción, y ese valor se extirpa del trabajador en forma de un sistema de precios de mercado con el cual el empresario (el ladrón), mediando entre el precio que paga por la fuerza de trabajo (el salario) y el precio que cobra por vender lo producido por esa fuerza (el producto final), se quedaría con el valor agregado que correspondería al trabajador. Por lo tanto, un acto de estricta justicia -desde este particular punto de vista-, no es otro que el de lograr que los trabajadores se apropien de la empresa para poder apropiarse así del total de la fuente de creación que les pertenece. Es bajo este proceso que cobra vida y argumento el concepto de “empresa recuperada”. Sería interesante pensar que el nombre justo, acorde a esa estructura mental, no sería “empresa”, sino algún otro concepto que remita a aquello que supuestamente fue robado a los trabajadores y ahora recuperan, y que en el instante mismo de la recuperación vería escindir su nombre original, dado que una empresa, en cuanto a tal, es creación pura y exclusiva de un empresario y no de los trabajadores. En sus propios términos, lo que se habría recuperado es otra cosa, no una empresa.
El concepto “empresa recuperada”, tampoco tiene cercanía -en esencia-, a lo que comúnmente se interpretaría sobre la vida o desaparición de una empresa. El concepto de recuperación no remite al proceso mediante el cual una empresa que entró en quebranto, luego de un proceso de mejora continua, logró avanzar y revertir sus deficientes estados contables para pasar a ser autosuficiente y competitiva. El concepto de recuperación, reiteramos, remite a la devolución de lo que alguien, por fuerza, robó.
Es amplio en nuestro medio el abanico de economistas, pensadores y funcionarios que consideran aquella postura como una posición justa y verdadera. Y desde ese lugar se han abierto puertas legales para justificar la apropiación de empresas con problemas contables por parte de los planteles operativos. Paralelamente, cuando no ha sido posible enmarcar el latrocinio de forma legal, se ha apelado a la necesidad de decretos que han salido en tiempo y forma a avalar la toma de empresas.
Es importante indicar qué, decretar o certificar la toma de una empresa en problemas por parte de sus trabajadores es, lisa y llanamente, avalar desde las instituciones el asalto a la propiedad garantizada por la Constitución Nacional. Una empresa en quiebra continúa bajo posesión original de su dueño en la misma forma que lo puede mostrar una propiedad domiciliaria hipotecada, y la única opción formal institucional que puede tomarse ante esta situación, no es otra que la de activar todos los mecanismos que sean necesarios para otorgar plenas garantías a sus originales poseedores, para que puedan ajustarse a derecho y ofrecer una salida justa y equitativa a sus acreedores (o la salida más justa y equitativa en el marco de lo posible). Todo lo que quede por fuera de esos marcos, no son más que pujas facciosas con mediaciones políticas. En donde siempre pierden aquellos que más alejados del poder político están y menos poder de presión poseen.
Cuando la empresa en quebranto se da por la vía política a sus trabajadores: ¿quién se encarga de pagar a los dueños originales el dinero por la inversión inicial y el riesgo de producción que aún queda en forma de máquinas y predio? ¿De qué manera la “empresa recuperada” subsiste por la vía de su producción luego del latrocinio?
La primera pregunta tiene una respuesta corta; nadie afronta esos costos. Los dueños originales no tienen derecho a vender su empresa para pagar sus deudas particulares luego del quebranto, empujando también al quebranto potencial a los acreedores más importantes o dejándolos en manos de una negociación directa con los nuevos dueños de sus activos, o sea, los trabajadores protegidos institucionalmente por el Estado. La segunda pregunta también tiene una respuesta corta; el grueso de las empresas recuperadas subsiste gracias a subsidios y transferencias que otorgan diversos programas de Estado. Son prácticamente nulos los casos exitosos en el sentido de la recuperación a términos de mercado de este tipo de empresas. Generalmente los acreedores no logran cobrar el total de las deudas, y las empresas no logran revertir la dinámica que las llevó al quebranto. ¿Cómo subsisten? Subsisten políticamente empujando al sector político a no quedar expuesto ante una decisión que nadie quiere tomar -por políticamente incorrecta-, ella es, en estado puro y duro, dejar que la empresa subsista o fenezca dependiendo de su propia productividad y sistema de negocios. Si una empresa quebró porque continuó con la producción de carburadores cuando el mercado estaba profundizando la incorporación de inyección electrónica, la empresa recuperada continuará fabricando algo que ya nadie utiliza, calzando gran parte de su demanda en el mercado interno en la medida que su presión se complete con el sector político en forma de barreras de entrada a la competencia (protecciones arancelarias), transferencias vía subsidios o generación de leyes de promoción especial para que otras empresas se vean obligadas a comprar producción obsoleta dentro de sus insumos. Y así, es toda la sociedad la que se ve ralentizada técnicamente, decantando en caída de incentivos, competencia y competitividad estructural a consecuencia de una anómala forma de captar un proceso y una aún más anómala forma de organizar el sentido de lo político.
El problema que hoy tenemos en Argentina no es menor, el grueso del arco político observa estos procesos en el nivel de las apariencias. Los empresarios son vistos como los señores malignos que pretenden quedarse con lo generado por los trabajadores, desde este lugar, toda intervención pública no puede pasar sino por ver de qué manera atar lo más posible a ese feroz peligro para dar a cada uno su merecida parte. Gran parte de la ciudadanía también es víctima de esta ensoñación y es anuente con esa anómala forma de ver el mercado, la producción y hasta la vida misma.
Todos sienten que hay algo injusto ahí afuera que nos oprime en forma permanente, y esa indignidad -creen-, no puede venir de otro lugar que no sea del sector empresario, el cual sería un chupasangre histórico de los trabajadores. Pero no se advierte que el empresario también es una persona que trabaja (en muchos casos tanto o más que muchos trabajadores). Son muy pocos quienes se atreven a ir a la esencia del proceso y analizar desde donde salen los impulsos creativos que hacen que haya más y más empresas ofreciendo más y más productos en el mercado. La actitud empresaria y el empeño ante el riesgo que empuja a una persona a confiar en su intuición, movido por su anhelo y capacidad creadora de nuevos puestos de trabajo, no está presente en nuestra sociedad. Hay motivos. No son pocos los empresarios que sienten culpa de ser lo que son y, paradójicamente, también han creído aquel cuento con el cual comenzó este escrito.
El grueso de estas empresas hoy captan sus recursos por la vía del subsidio público, el cual, recordemos, se genera por la quita de recursos a la ciudadanía mediante impuestos para entregar a estas formas de producción ralentizada. De esta manera, sus planteles van perdiendo la noción de entregarse al cliente, y ganando la certeza de exigir al ciudadano la renta necesaria para mantenerse en pie, so pena de escarnio público.
El límite de todo esto lo estamos presenciando hoy mismo en cuanto a esta forma de organizar la actividad económica. Si bien es marginal la influencia neta de este tipo de organizaciones en las variables macroeconómicas, esencialmente hay en ellas una dinámica que es característica de gran parte del funcionamiento de nuestra economía en cuanto a descalces entre productividad, medio de intercambios y satisfacción, y esa perversión se manifiesta en forma de inflación. Bajos niveles de productividad acompañados de altos niveles de transferencia, no pueden generar otra cosa mas que la necesidad de inyectar billetes para equiparar faltante de productos de calidad de consumo para algunos y faltante de clientes disponibles para otros.
Uno de los puntos que la próxima administración deberá afrontar con seriedad y entereza es, sin dudas, el de las empresas recuperadas. Del tratamiento que de éstas se haga se sentarán las bases institucionales que necesita la economía Argentina para garantizar la tan ansiada inyección de inversión local e internacional. No es un tema menor para tratar entre gallos y medianoche, sino uno bien mayor que monta toda una estructura de pensamiento que debemos dejar atrás de una buena vez y para siempre.
